sábado 25 de mayo de 2013
El Presidente Obama anunció el mes pasado su apoyo personal al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El alto valor simbólico de tal declaración no escapó entonces a nadie; tampoco su lectura política. Junto a la reforma sanitaria y la cuestión migratoria, pendientes de próximas resoluciones del Tribunal Supremo, este asunto concentrará especial atención cuando los candidatos a la Presidencia debatan cuestiones relativas a derechos civiles y políticas de bienestar durante la campaña, ya más cerca de iniciarse oficialmente con la Convención Republican de Tampa.
Por si alguien todavía lo dudaba, el aumento del desempleo anunciado la pasada semana ha devuelto de nuevo a la economía al centro de la carrera electoral entre Mitt Romney y Barack Obama. Sin duda, esta es una buena noticia para el aspirante presidencial republicano, puesto que en tiempos de incertidumbre económica el candidato en el poder tiende a ser castigado.
A la espera de las noticias económicas que deparen los meses que restan hasta las elecciones de noviembre, las reacciones de las dos campañas presidenciales a los últimos datos de empleo han dejado patente que el GOP solo ve a su candidato con posibilidades importantes de arrebatar el puesto al Presidente Obama si la situación económica se torna negativa. Tal cálculo político desvela el temor republicano a lo que muchos analistas vienen advirtiendo desde hace meses: si las cuestiones de política exterior (véase mi post anterior), bienestar y derechos civiles ocupan un espacio primordial en la campaña, los americanos se decantarán de nuevo por el Presidente Obama con casi total seguridad. La razón la dictan las encuestas de opinión: las posiciones del Presidente en materias de bienestar y derechos civiles están en mayor sintonía con las del americano medio que las de su rival republicano.
Por ejemplo, desde el año pasado todas las encuestas apuntan a que la mayoría de los americanos están a favor hoy de que los ciudadanos homosexuales tengan el derecho a contraer matrimonio, tendencia que además no hace sino acentuarse con el relevo generacional, y que explica en buena parte el relativo silencio guardado por Mitt Romney ante el anuncio de apoyo a esa causa por parte del Presidente Obama.
Del mismo modo, es bien sabido que tanto mujeres solteras, jóvenes, hispanos y afroamericanos, los cuatro grupos que más destacaron por su elevado apoyo al Presidente Obama en 2008, son asimismo los principales defensores de la reforma sanitaria de 2009 y de una regularización en la situación migratoria de cientos de miles de individuos que actualmente residen y trabajan en el país en situación ilegal. Así, si la situación económica es positiva o al menos no empeora drásticamente, podemos esperar del candidato demócrata un renovado esfuerzo por hacer de ambos asuntos bandera electoral, exponiendo los avances en materia de cobertura sanitaria como un ejemplo de sus logros, y acusado a los republicanos de imposibilitar su vocación reformista en materia migratoria. Curiosamente, la durísima retórica antiinmigrante empleada por muchos candidatos republicanos durante los últimos años (más las polémicas leyes de Alabama y Arizona), incluido el propio Romney, ha puesto en bandeja al Presidente y a su partido esta estrategia, especialmente ante la población hispana, la más afectada por ambas cuestiones.
Por el contrario, si las lecturas más pesimistas de los datos económicos se confirman, Mitt Romney y sus aliados se verán legitimados para mantenerse firmes en su oposición a las reformas en estos dos frentes –salud y migrantes-, presentando ambos no como cuestiones de derechos civiles (la posición donde los demócratas sacan ventaja política), sino como cuestiones puramente económicas (lo que también permite a los republicanos rebatir la acusación de que sus posiciones están parcialmente motivadas por actitudes clasistas e incluso racistas). Así por ejemplo, la descripción de la reforma sanitaria sacada adelante por el Presidente Obama en 2009 como un impedimento a la recuperación económica debido a su coste en forma de impuestos (argumentación que en parte provocó la denuncia que ha llevado la ley ante el Tribunal Supremo), sería mucho más efectiva políticamente en una mala coyuntura económica, como fue el caso en las elecciones de medio mandato de 2010.
Pablo León Aguinaga es historiador especialista en relaciones internacionales y Estados Unidos. Puedes seguirle en Twitter (@pleonagu)
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