Piden derogar la ley que autoriza el despliegue militar en el norte de Paraguay

Senadores de partidos opositores, organizaciones de derechos humanos, grupos campesinos y pobladores del norte de Paraguay pidieron hoy, en un audiencia pública en el Congreso, la derogación de la ley aprobada en 2013 que faculta la presencia de militares en la región sin decretar el estado de excepción.

Piden derogar la ley que autoriza el despliegue militar en el norte de Paraguay Piden derogar la ley que autoriza el despliegue militar en el norte de Paraguay

Piden derogar la ley que autoriza el despliegue militar en el norte de Paraguay

Senadores de partidos opositores, organizaciones de derechos humanos, grupos campesinos y pobladores del norte de Paraguay pidieron hoy, en un audiencia pública en el Congreso, la derogación de la ley aprobada en 2013 que faculta la presencia de militares en la región sin decretar el estado de excepción.

La ley fue aprobada una semana después de que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, asumiera el poder, y contempla que el jefe del Ejecutivo pueda movilizar a las fuerzas armadas ante situaciones de "extrema gravedad" e inseguridad.

Desde entonces, el Gobierno paraguayo mantiene movilizados en el norte del país a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un contingente de militares y policías creado también en 2013 para combatir al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En la audiencia pública celebrada en el Congreso paraguayo, varios sectores pidieron la derogación e la ley por considerarla "inconstitucional", expresó el senador Pedro Santa Cruz, del opositor Partido Demócrata Progresista.

Argumentó que la ley elimina la obligación de que el presidente informe al Congreso de su decisión de movilizar a las fuerzas armadas, e impide que los diputados y senadores puedan decidir el cese de la intervención militar.

Además, resaltó que, desde agosto de 2013 se han registrado 40 asesinatos en el norte del país, y nueve secuestros atribuidos al EPP, por lo que la militarización no está cumpliendo sus objetivos.

Los participantes en la audiencia rechazaron además la actuación de la FTC, a las que responsabilizaron de hechos de tortura, abuso de poder, detenciones ilegales y violación de derechos humanos.

El investigador Juan Martens denunció que el Ministerio del Interior amedrenta a jueces y defensores públicos en la zona, y la Fiscalía se ha convertido en un "superpoder" que condena sin pruebas a campesinos de la zona, bajo el pretexto de que "proporcionan apoyo logístico al EPP".

Blanca Ávalos, del sindicato docente OTEP-SN, expuso la "amenaza constante" que enfrentan los maestros en el norte de Paraguay, donde las escuelas "están rodeadas por policías y militares" y los docentes se someten a diario a rigurosos controles.

Por su parte, Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), criticó que el Estado asigne cerca de 70 millones de dólares del presupuesto de 2017 a la FTC, un monto con el que "podrían construirse 2.000 escuelas de tres aulas cada una".

En el cierre de la audiencia, el investigador y periodista Hugo Pereira opinó que el origen de la violencia en el norte del país se encuentra en el "extractivismo" de ganaderos y sojeros apoyado por grupos armados, y declaró que el departamento de Concepción tiene uno de los índices de distribución de la tierra más desiguales del mundo, cuyo territorio se encuentra en poder de empresarios extranjeros.

El Gobierno paraguayo responsabiliza al EPP de más de medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su aparición en 2008.

El grupo armado mantiene secuestrados al policía Edelio Morínigo, y a los colonos menonitas Abraham Fehr y Franz Wiebe.

Más noticias

0 Comentarios