Activistas piden Wells Fargo cese inversiones en cárceles para inmigrantes

Activistas de la comunidad hispana criticaron hoy lo que tacharon como una "profunda hipocresía" del banco Wells Fargo, que busca una mayor cuota del mercado hispano en EE.UU. pero se "lucra" al invertir en compañías de cárceles privadas para los inmigrantes.

Activistas de la comunidad hispana criticaron hoy lo que tacharon como una "profunda hipocresía" del banco Wells Fargo, que busca una mayor cuota del mercado hispano en EE.UU. pero se "lucra" al invertir en compañías de cárceles privadas para los inmigrantes.En un informe titulado "La duplicidad de Wells Fargo: ¿Amigo o enemigo de la comunidad latina", la coalición "National People's Action" (NPA) y el grupo "Public Accountability Initiative" pidieron que el banco retire todas sus inversiones en cárceles privadas que albergan a miles de inmigrantes.Los activistas elogiaron que Wells Fargo sea sensible a la cultura latina -como lo reflejan el rediseño de sus sucursales y su acercamiento con la comunidad- y que ha encontrado en el mercado hispano de EE.UU. una de sus "más grandes oportunidades" de crecimiento, como señaló en 2006 su principal ejecutivo, John Stumpf.Pero se quejaron de que el banco se guíe, a su juicio, por "una sed de ganancias a cualquier costo" y que su modelo económico muestre "una profunda hipocresía" al mantener vínculos con las cárceles privadas.El mes pasado, ambos grupos divulgaron un primer informe que detallaba los vínculos de Wells Fargo con el sector de cárceles privadas en el país.Este segundo informe destacó, por ejemplo, que Wells Fargo incluso fue el primer banco de EE.UU. en aceptar las matrículas consulares como cédula de identificación para abrir cuentas bancarias.Sólo en 2003 se abrieron más de 250.000 cuentas con esos documentos extranjeros, que normalmente no se aceptan en otras instituciones.Pero Wells Fargo da un "apoyo financiero crítico" a las cárceles privadas, "otorgando préstamos y haciendo inversiones en compañías que se lucran al encarcelar a inmigrantes, la mayoría de ellos latinos", dijo el documento de 12 páginas.El documento señala que Wells Fargo tomó un "buen primer paso" al deshacerse del 75 % de sus acciones en la empresa privada GEO Group "pero llegó el momento de que elimine el resto".Sin embargo, John Roehm, un portavoz de Wells Fargo, precisó que el banco no posee acciones en GEO Group y que una subsidiaria, Wells Fargo Advantage Funds, es la que decide cómo invertir para el beneficio de sus inversionistas, independientemente de los bienes del banco.Agregó que desde finales de 2011 el banco ha reducido sus acciones en un 31 % "como resultado de mantenimiento de rutina y de recortes en la cartera de acciones"."Somos un banco, no establecemos la política migratoria de EE.UU. ni tenemos nada que ver con su aplicación...tampoco le decimos a los gobiernos federal y estatales qué compañías (de cárceles) deben recibir contratos", dijo a Efe Roehm."Pensar que protestar contra nuestro banco de alguna forma va a cambiar la política migratoria de EE.UU. es un desacierto, es algo desafortunado y no es realista", enfatizó.En el pasado, los activistas han denunciado que tanto GEO Group como la Corporación Correccional de EE.UU. (CCA, en inglés) han invertido millones de dólares promoviendo medidas contra los indocumentados, con el entendido de que éstas aumentarían la demanda por sus servicios."Wells Fargo en muchas formas está a la vanguardia en sus esfuerzos para que el sistema bancario sea más accesible a los latinos y los inmigrantes en general. Pero debería romper sus vínculos con cárceles privadas que contribuyen a que nuestro sistema de justicia criminal se mantenga roto", dijo a Efe Mary Moreno, directora de comunicaciones de NPA.Según Moreno, su grupo continuará realizando actos de presión junto con sus 29 afiliados en EE.UU., y también a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, hasta que Wells Fargo retire por completo sus acciones en GEO Group.Roehm replicó que los Gobiernos federal y estatales han concedido contratos a las cárceles privadas para la detención de inmigrantes desde hace 30 años, y "la gente que quiere cambiar eso debe llevar sus quejas a las autoridades estatales y federales".

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