Tres horas de diálogo liquidan las tensiones entre los médicos y el Gobierno de Ecuador

Tres horas de diálogo bastaron para poner fin a semanas de fuertes tensiones entre sectores médicos de Ecuador y el Gobierno de ese país, enfrentados por la regulación penal de la mala práctica profesional.

Cientos de médicos ecutorianos marchan por las calles de Quito (Ecuador). EFE/Archivo Cientos de médicos ecutorianos marchan por las calles de Quito (Ecuador). EFE/Archivo

Cientos de médicos ecutorianos marchan por las calles de Quito (Ecuador). EFE/Archivo

Tres horas de diálogo bastaron para poner fin a semanas de fuertes tensiones entre sectores médicos de Ecuador y el Gobierno de ese país, enfrentados por la regulación penal de la mala práctica profesional.Representantes de los facultativos y del Gobierno alcanzaron el jueves un acuerdo sobre este asunto tras una reunión en la que estuvo presente el presidente, Rafael Correa, y en la que los galenos aceptaron poner fin a las protestas que habían convocado.La aprobación del nuevo Código Penal, en diciembre, había reavivado el malestar de los médicos y propiciado cruces de acusaciones entre representantes del sector médico, legisladores y Gobierno, por la redacción final del artículo que regula el castigo para la mala práctica profesional.Los especialistas fueron elevando el tono de sus protestas y llegaron manifestaciones pacíficas, al tiempo que amenazaron con renunciar a sus puestos de trabajo si no se modificaba el texto.El problema era el inciso tercero del artículo 146, que castiga con penas de 3 a 5 años las muertes ocurridas como consecuencia de una práctica profesional que incluyera acciones peligrosas, ilegítimas e innecesarias.Para organizaciones como la Federación Médica Ecuatoriana, esta redacción es ambigua y deja en manos de jueces y fiscales la interpretación de lo que son prácticas que pueden poner en riesgo la vida de pacientes.De nada sirvieron las explicaciones del presidente del país, quien repitió en varias ocasiones que ningún médico puede ser enviado a prisión a no ser que concurran las tres circunstancias en su actuación (peligro, ilegitimidad y ausencia de necesidad).Porque, para tales sectores médicos, con esa redacción no quedaba clara la interpretación que pudiera hacerse de una práctica médica y el riesgo de ser condenado era elevado. Por eso continuaron las manifestaciones de rechazo.La situación parecía presagiar una crisis de grandes proporciones, habida cuenta de las amenazas de renuncia de los doctores, hasta el punto de que el Gobierno tenía listo un plan para recibir en Ecuador hasta 750 médicos cubanos que hubieran ocupado los puestos de los ausentes, con posibilidad de recurrir también a otros países en busca de facultativos."No vamos a dar marcha atrás", afirmó el gobernante ante los reclamos de los descontentos para que el texto aprobado fuera modificado antes de entrar en vigor.Incluso no se descartaba declarar el estado de emergencia frente a una eventual renuncia de un gran número de galenos, aferrados a una posición que, según Correa, tenía como telón de fondo el escenario de las elecciones seccionales del 23 de febrero y pretendía, en realidad, desgastar al Gobierno.La actitud de los inconformes molestó profundamente al mandatario, que llegó a calificar de "infamia", "mentira" y "difamación" una carta de un grupo de médicos del hospital de la Seguridad Social de Ambato (centro) que aseguraba que el artículo 164 "convierte el ejercicio de la más noble de las profesiones en un acto delictivo".En esas circunstancias, Correa se refirió reiteradamente durante los últimos días al comportamiento de los médicos y repitió incansablemente varias ideas.Entre ellas, que el artículo 146 no se redactó pensando específicamente en los médicos, sino en diferentes profesiones, y que en el caso de la práctica médica, lo que se pretende es combatir la actuación de clínicas clandestinas que han ocasionado graves daños a pacientes que se han sometido a operaciones de cirugía estética.En un clima tan crispado entre médicos y Gobierno, el mandatario, reacio en principio a dialogar con los especialistas, mostró su disposición a hacerlo si el interlocutor del Ejecutivo no era la Federación Médica y si las conversaciones no consistían en un diálogo de sordos.Y así, representantes del ejecutivo y de organizaciones médicas retomaron las conversaciones y alcanzaron un sencillo acuerdo que consiste en que se pedirá a altas instancias del poder judicial que establezcan la interpretación precisa del polémico artículo.En todo caso, en la sesión quedó claro que solo será punible aquella práctica profesional que tenga como resultado la muerte de una persona cuando no se hayan tenido en cuenta protocolos, guías, reglamentos o normas técnicas nacionales o internacionales y, además, se hayan producido acciones peligrosas, ilegitimas e innecesarias.Se demostró, en todo caso, que cuando se quiere, el diálogo franco y abierto es la mejor herramienta para conseguir resultados y contentar a las partes en disputa. Jesús Sanchis Moscardó

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