La derecha salvadoreña es presionada para derogar la ley que evitó el impago de pensiones

El partido de derecha que tiene la llave para la toma de decisiones en el Congreso salvadoreño es presionado por terceros para derogar la reforma a un fideicomiso que permitió al Gobierno evitar el impago de las pensiones a inicios de octubre, aseguró hoy el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.

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La derecha salvadoreña es presionada para derogar la ley que evitó el impago de pensiones

El partido de derecha que tiene la llave para la toma de decisiones en el Congreso salvadoreño es presionado por terceros para derogar la reforma a un fideicomiso que permitió al Gobierno evitar el impago de las pensiones a inicios de octubre, aseguró hoy el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.

Este lunes, el diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos presentó la petición al Congreso para anular la reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), pese a que originalmente votó a favor de la medida.

Gallegos informó en sus redes sociales que busca que el decreto se aplique "solo una vez" porque "no puede quedar abierto".

"Sabemos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que algunos sectores del gran capital y sectores de ARENA (principal partido de oposición) deben estar ejerciendo una enorme presión sobre algunas personas en GANA", denunció Chicas.

Desde que se aprobó la medida, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pidió al resto de partidos de derecha anular el decreto porque los títulos valores emitidos por el FOP son adquiridos, en su mayoría, por las empresas AFP, que reciben las cotizaciones de los trabajadores.

"Para esta deuda del Estado quieren dar papeles que ni siquiera constituyen una promesa de pago" y "no podemos pretender que esos papeles sean garantizados por los mismos fondos de los trabajadores", señaló el diputado de ARENA Réne Portillo Cuadra a finales de septiembre.

De acuerdo con el portavoz gubernamental, la reforma al FOP permitió "resolver en la coyuntura la liquidez del sistema" de pensiones mientras se acuerda una reforma al mismo y que no es intención del Gobierno mantenerlo más allá del 2017.

Chicas también señaló que si la propuesta de GANA se trunca, la Sala de lo Constitucional podría proceder a declara inconstitucional la reforma y anularla.

El Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén califica como el "gran problema" de la deuda pública el pago de unos 160.000 pensionados asumido por el Gobierno de El Salvador desde 1998, tras la privatización del sistema.

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