Grupos de Puerto Rico denunciarán las violaciones de derechos humanos por el ciclón María

Vista de una casa totalmente destruida por el paso del huracán María en el municipio de Yabucoa, al sureste de Puerto Rico. Vista de una casa totalmente destruida por el paso del huracán María en el municipio de Yabucoa, al sureste de Puerto Rico.

Vista de una casa totalmente destruida por el paso del huracán María en el municipio de Yabucoa, al sureste de Puerto Rico. EFE

Cerca 35 personas de distintos organismos viajarán el jueves a Washington para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que presentarán el informe "Desastres naturales, contaminación, desigualdad y pobreza en Puerto Rico".

El propósito del informe, según explicaron en rueda de prensa varios representantes de estas organizaciones, será denunciar, entre varios aspectos, la actual crisis de derechos humanos que vive Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María el 6 y 20 de septiembre pasado, respectivamente.

En Washington, las líderes comunitarias de los municipios de Loíza, Peñuelas y Vieques, Modesta Irizarry, Bethsaida Bosa Matos y Kiana Shalis Figueroa, respectivamente, presentarán el informe de menos 200 páginas que incluye decenas de peticiones que han elaborado de forma colectiva las organizaciones locales.

"Esta situación ha dejado ver realmente cuánto hemos sufrido los ciudadanos y cómo se han agravado las condiciones en que llevamos viviendo", sostuvo Irizarry, que reafirmó que estas condiciones son las que estas organizaciones "han estado reclamando por mucho tiempo".

"En nuestras comunidades, que han sido tan desventajadas por los derechos humanos y que se han violentado, vemos a diario el desastre natural, físico y social, y otros se han aprovechado del dolor ajeno de que Puerto Rico se levanta", reclamó la líder comunitaria.

De igual forma, para ella, la oportunidad de exponer sus peticiones "será una oportunidad hermosa de cómo están viviendo nuestras comunidades y cómo hemos sido atropellados" ante las necesidades de los puertorriqueños por reclamar sus derechos humanos, como los derechos a la salud, la comida y el agua.

Estas organizaciones exigirán además que se haga público el plan detallado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y del Gobierno local previo al paso de María, así como la ayuda humanitaria recibida y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de la isla, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de "emergencia".

"Nosotros no estamos esperando nada del CIDH, sino todo de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos. Quien tiene que responder no es un organismo internacional, sino los gobiernos. ¿Qué más seguir exigiéndole? Pero vamos a seguir exigiéndoles", dijo por su parte, Annette Martínez, del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y Clínica Internacional de Derechos Humanos.

Estos organismos también le pidieron al Gobierno de Puerto Rico que implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y de cadáveres en situaciones de emergencia y desastre, y que se adopten y se implementen estándares de acceso a la información.

"Esto no es mendigar ayudas, sino resaltar que es un derecho. Hay que cambiar el discurso de pedir ayuda y exigir los derechos humanos", añadió la profesora de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico y representante del Comité de Salud, Mirinilda Rivera.

Así mismo, la decana de Asuntos Académicos y Catedrática Asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Yanira Reyes Gil, resaltó que el informe "estará lleno de números de muertes que no han sido proclamados", por las autoridades relacionadas directamente con el huracán María.

El informe incluirá la cantidad de refugiados que permanecen resguardados, las personas sin toldos que FEMA se comprometió con repartir para los que perdieron sus techos, así como a los que la agencia federal les ha negado las ayudas económicas o los ciudadanos que fueron detenidos por presuntamente violar un toque de queda que impuso el gobernador Ricardo Rosselló tras el ciclón.

Los elegidos ante la audiencia también discutirán aspectos como la moratoria y reestructuración de la deuda, la derogación de la Ley Promesa, de las leyes de cabotaje, paridad en los fondos federales de salud, moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipotecas.

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