Bienes decomisados al narcotráfico quedarían en manos de campesinos despojados

El Gobierno de Guatemala analiza utilizar los bienes inmuebles que le ha decomisado al narcotráfico para resarcir a unas 6.000 familias de campesinos pobres a las que hace más de 30 años les fueron arrebatadas sus tierras para la construcción de una hidroeléctrica.

La vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti. EFE/Archivo La vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti. EFE/Archivo

La vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti. EFE/Archivo

El Gobierno de Guatemala analiza utilizar los bienes inmuebles que le ha decomisado al narcotráfico para resarcir a unas 6.000 familias de campesinos pobres a las que hace más de 30 años les fueron arrebatadas sus tierras para la construcción de una hidroeléctrica.La vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, hizo el anuncio esta semana ante la amenaza de Estados Unidos de suspender la ayuda militar destinada a este país centroamericano para este año si el Gobierno no atiende con prontitud su compromiso de resarcir a los campesinos afectados, lo que se calcula que puede costar unos 150 millones de dólares.El pasado 17 de enero el presidente estadounidense, Barack Omaba, sancionó en Washington la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, que previamente había sido aprobada por el Congreso y el Senado.Entre otras medidas, esa ley ordena al Departamento de Estado suspender la ayuda militar a Guatemala hasta que el Gobierno de este país de pasos creíbles para cumplir con el Plan de Reparación de Daños a las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.Dicho plan fue suscrito por el Gobierno guatemalteco y los campesinos afectados en 2010, pero a pesar de que se han dado "avances importantes" en la negociación del resarcimiento, este aún no se ha hecho efectivo debido a la falta de recursos.Washington se ha preocupado por este tema debido a que la hidroeléctrica, la más grande e importante del país, la cual produce más del 40 % de la electricidad que se consume en Guatemala, fue construida con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), de los cuales Estados Unidos es uno de los más importantes socios.A comienzos de los años 80, debido a la negativa de los campesinos a desalojar sus tierras para la construcción de la hidroeléctrica, el Gobierno de entonces recurrió a la fuerza y la intimidación para lograr que las familias de unas 33 comunidades habitaban las orillas de los ríos Chicruz, Salamá y Negro, ubicados en los municipios de Cubulco y San Cristóbal Verapaz, en los departamentos de Baja y Alta Verapaz, abandonaran sus hogares.El 13 de marzo de 1982 el Ejército y los cuerpos paramilitares asesinaron a más de 440 de estos pobladores, en lo que se conoció como la "masacre de Río Negro", y otros miles más fueron obligados a abandonar sus tierras.Hace más de 30 años que los afectados exigen un resarcimiento por los daños sufridos por el Estado, sin que se haga efectivo.Según Baldetti, las tierras que el Estado ha decomisado a los narcotraficantes por medio de la Ley de Extinción de Dominio, podrían ser entregadas a las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica."Estamos esperando que se entreguen definitivamente algunas de las fincas que se han extinguido al narcotráfico. No tendríamos problema en poder resarcir a estas familias y entregarles mucho mejores tierras que las que se perdieron", dijo Baldetti a los periodistas.La vicepresidenta no precisó la cantidad de fincas y extensiones de las mismas, y si éstas son suficientes para cumplir con los compromisos de resarcimiento del Estado, cuya demanda por parte de los afectados se ubica en los 1.200 millones de quetzales (unos 150 millones de dólares).Además de la ayuda militar que Estados Unidos podría dejar de otorgar a Guatemala, la cual básicamente consiste en capacitaciones y becas de estudios para oficiales y soldados, analistas locales consideran que si el Gobierno no cumple con las exigencias de Washington, las inversiones extranjeras podrían verse afectadas.En la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, Estados Unidos también condiciona a los directivos del BID y del BM a que informen a la Secretaría del Tesoro sobre los avances de Guatemala en el cumplimiento del resarcimiento, aunque no establece posibles sanciones como suspensión de créditos para el país centroamericano.Desde que cobró vigencia la Ley de Extinción de Dominio, el Estado guatemalteco ha logrado arrebatarle a los grupos del narcotráfico y del crimen organizado bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo valorados en más de cien millones de dólares. Carlos Arrazola

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