La oficina del Defensor del Estado del Gobierno brasileño abrió una acción civil en la justicia contra Twitter y los titulares de cuentas en esa red social que avisan a los conductores dónde se encuentran los controles de la policía de tráfico, para intentar bloquear esos mensajes.

La acción judicial fue abierta por la oficina de la Defensoría del Estado en el Estado de Goias (centro-oeste de Brasil, junto a la capital).

La demanda pide que la red social "suspenda inmediatamente las cuentas que avisan de la localización de radares y el bloqueo definitivo de toda cuenta que preste información sobre fecha, hora y lugar de los controles policiales", según divulgó la Defensoría del Estado en una nota.

La penalización de conducir bajo el efecto del alcohol, apodada 'ley seca', se agudizó en los últimos dos años en Brasil y, para evitar los controles sorpresa de la policía, muchos conductores se organizan en redes sociales en internet para avisar de su localización.

Para la Defensoría del Estado, "la conducta de Twitter INC y de los demás involucrados agrede directamente a la vida y la seguridad" de las personas, según la nota.

La denuncia destaca que 55.000 personas pierden la vida cada año en Brasil en accidentes de tráfico, y señala que los controles sirven para detectar todo tipo de ilegalidades, inclusive contrabando de armas y drogas, robo de autos y secuestros.

La denuncia causó furor en internet, algunos apoyando la iniciativa, y otros denunciándola, al argumentar que en algunas ciudades ese servicio de los internautas se convirtió en uno de auxilio al conductor, avisando dónde ocurren problemas de tránsito, accidentes y embotellamientos, destacó la radio CBN.

La denuncia brasileña surge después de que Twitter, la popular red de 'microblogs' con sede en San Francisco, anunciara recientemente que puede bloquear los 'tweets' por país, si es legalmente obligado a hacerlo.

La Defensoría del Estado que hizo la denuncia, o AGU (Advocacia Geral da Uniao) en sus siglas en portugués, es una especie de procuraduría general que defiende los intereses del Gobierno y del Estado.

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