La justicia guatemalteca se pone a prueba en dos casos que afectan a Colom

La Fiscalía guatemalteca entregó el miércoles las pruebas contra los sindicados del asesinato de un abogado que acusó al presidente Álvaro Colom de su muerte en un vídeo difundido póstumamente, mientras un juzgado decidirá si sienta en el banquillo a un ex presidente del Congreso por corrupción.

La Fiscalía guatemalteca entregó el miércoles las pruebas contra los sindicados del asesinato de un abogado que acusó al presidente Álvaro Colom de su muerte en un vídeo difundido póstumamente, mientras un juzgado decidirá si sienta en el banquillo a un ex presidente del Congreso por corrupción.El plazo para entregar las pruebas vencía el miércoles, según había impuesto la jueza que lleva el proceso, Verónica Galicia, quien aseguró que ya recibió al menos cien folios con la acusación formal contra ocho presuntos victimarios del abogado Rodrigo Rosenberg, entre los que figuran varios ex policías guatemaltecos.La fiscalía guatemalteca está apoyada en este proceso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por las Naciones Unidas y dirigido por el jurista español Carlos Castresana, quien afirma que cuenta con evidencia "científica abrumadora" en este caso.La jueza también dijo que solicitó a la CICIG apoyo para su seguridad, debido a que ya fue asesinado un oficial que conocía el caso, mientras otros funcionarios han sido abordados en busca de una copia del expediente, el cual se mantiene en secreto. No obstante, la jueza aclaró que este apoyo no consistiría en designar guardaespaldas, sino que se debe definir la forma de garantizar la seguridad del personal.Por el crimen del abogado están detenidas 11 personas, entre ellas varios policías, pero sólo ocho están acusados y otros tres esperan acogerse a la figura de "colaboradores eficaces" y así obtener un beneficio judicial. Otras tres personas, entre las que figuran dos hermanos empresarios y primos de la primera esposa de la víctima, fueron vinculados al proceso, pero están prófugos.El crimen de Rosenberg, perpetrado el 10 de mayo de 2009 y el involucramiento del ex presidente del Congreso, Eduardo Meyer, en la pérdida de más de 10 millones de dólares del Congreso en una transacción peligrosa, son dos casos que han conmocionado el país en los dos años del gobierno de Colom. En ambos casos, Colom salió afectado: Rosenberg grabó un vídeo tres días antes de su asesinato, en el que acusa al presidente de su eventual muerte; mientras Meyer fue uno de sus bastiones principales en la campaña electoral y logró ocupar la presidencia del Parlamento en el primer año de gobierno en 2008.En medio del mandato de Meyer se reveló la transacción anómala, lo cual prácticamente acabó con su carrera política, toda vez que el académico y ex rector de la única universidad estatal guatemalteca fue expulsado de la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza y sometido a los tribunales.Para el miércoles, el titular del Juzgado Segundo Penal, Carlos Aguilar, anunciará si Meyer irá a juicio por los delitos de los que lo acusa la fiscalía: peculado culposo de forma continuada, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. La defensa alega que Meyer desconocía la transacción con la financiera Mercados a Futuro, pero la misma se declaró en quiebra y los 10 millones de dólares se esfumaron.Otro ex presidente del Congreso, Rubén Darío Morales, también se enfrenta a la justicia porque en 2007 -cuando dirigía el Parlamento- depositó en la misma financiera más de dos millones de dólares, pero nunca informó del movimiento y supuestamente se quedó con la comisión por la inversión.Estos casos, entre los más emblemáticos, pondrán a prueba a una justicia que deja el 98% de los delitos en la impunidad, según datos oficiales.

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