HRW apoya el recurso en la Corte Constitucional Ecuador contra un decreto sobre el asilo

16 | 06 | 2014

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó hoy un documento ante la Corte Constitucional de Ecuador por el que apoya el recurso de dos organizaciones ante ese tribunal con el fin de lograr que se invalide un decreto que regula la concesión de asilo en el país, informó la entidad en EE.UU.


La organización Human Rights Watch (HRW) presentó hoy un documento ante la Corte Constitucional de Ecuador por el que apoya el recurso de dos organizaciones ante ese tribunal con el fin de lograr que se invalide un decreto que regula la concesión de asilo en el país, informó la entidad en EE.UU.

Después de más de dos años pidiendo la revocación del decreto ejecutivo 1182, aprobado el 30 de mayo de 2012, por considerar "que contiene disposiciones violatorias de derechos fundamentales reconocidos a refugiados en el derecho internacional", HRW se sumó este lunes a la campaña contra esa norma en los tribunales ecuatorianos.

HRW presentó ante la Corte Constitucional de Ecuador un "memorial de amicus curiae" junto con la Clínica de Derechos Humanos y Genocidio de la Benjamin N. Cardozo School of Law, en el que afirman que el decreto viola "las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Ecuador de proteger a refugiados y solicitantes de asilo".

"Ecuador debería ofrecer a los refugiados una oportunidad razonable de solicitar asilo. Ecuador tiene obligaciones frente a los refugiados, establecidas en sus propias leyes y en el derecho internacional, y debe cumplirlas", dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El documento "amicus curiae" busca apoyar el recurso iniciado en 2012 ante la Corte Constitucional por la organización no gubernamental Asylum Access Ecuador y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, que "objetaron la constitucionalidad de varios artículos del decreto", según HRW.

El documento presentado por HRW argumenta que el decreto "transgrede" derechos como el de "solicitar asilo y el principio de no devolución", pese a "la exigencia en el derecho internacional de que ninguna persona sea enviada de regreso a un país donde podría ser torturada o perseguida".

"El decreto presidencial impone plazos procesales breves e inflexibles que dificultan, o directamente imposibilitan, que solicitantes de asilo pidan el reconocimiento de la condición de refugiados y que, cuando sea necesario, apelen las determinaciones desfavorables con respecto a tal condición", alegó HRW.

Además, el decreto "prevé un estándar de admisibilidad exigente" para considerar las solicitudes de asilo, "concede a los funcionarios amplia discrecionalidad para excluir a solicitantes de asilo del proceso en cuestión y otorga facultades excesivamente amplias a las autoridades para revocar el estatus de refugiado", agregó.

De acuerdo con HRW, el decreto incluye procedimientos "incompatibles" con directrices adoptadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y su implementación puede "contravenir las obligaciones de Ecuador conforme a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967", y sobre la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1981.

© EFE 2014

© ZGS 2014

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