Aunque la Corte Suprema de Justicia en Washington consideró inconstitucional tres de las cuatro cláusulas de la legislación anti-indocumentados SB1070 de Arizona, dejó vigente la más controversial de todas. Según los jueces, será legal que la policía de ese estado indague sobre el estatus migratorio de las personas que detiene y que crea están en el país ilegalmente.
La resolución no solo les mueve el piso a los hispanos indocumentados de Arizona, sino que también a muchos líderes pro-inmigrantes de la región metropolitana de Washington.
"La corte suprema ha dejado vivo... el corazón de esta ley que es algo que puede dañar bastante a los derechos civiles de los latinos", dijo Janet Murguía del Concejo Nacional de La Raza.
Mientras que la resolución deja a algunos con un sabor agridulce en la boca, otros quieren asegurarse que la comunidad hispana no entre en pánico.
"Esto no le da luz verde a ningún policía en el resto del país para que discrimine y segundo que es muy importante que salgan a votar para que los políticos que apoyan estas leyes anti-inmigrantes no sigan en la oficina", dijo Marielena Hincapie del Centro Nacional de Legislaciones de Inmigración.
Por su parte, la cabeza de la legislación SB1070 –la gobernadora de Arizona Jan Brewer- consideró el fallo una victoria.
"Hoy es un día en el que el componentes más importante de nuestro esfuerzo para luchar contra la inmigración ilegal ha sido unánimemente ratificado", afirmó Brewer.
Lo que más preocupa a aquellos que luchan por los derechos de los inmigrantes es que esta resolución sirva como modelo en otros estados y el efecto negativo que pueda tener a largo plazo.
"Es claro que estas leyes requieren el uso de perfiles raciales, requiere detenciones ilegales extendidas, y eso va a pasar. Entonces nosotros vamos a estar vigilantes para prevenir eso", indicó André Segura del Sindicato de Libertades Civiles de América.
Por otro lado, el máximo tribunal consideró ilegal algunas de las provisiones de la ley. Dijo que ningún estado puede crear sus propias leyes migratorias ya que ese poder es exclusivo del gobierno federal y que la policía no puede arrestar personas por cargos migratorios menores.
Si la decisión que tomó hoy la Corte Suprema de Justicia tenga repercusiones a nivel local o no, eso dependerá –según los lideres comunitarios del área- de los funcionarios electos en cada estado. De manera que ahora su lucha será comprometer a la comunidad latina a que participe y vote.
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