Uruguayos deciden si anulan ley que evitó juicios a violaciones de DDHH

Los uruguayos decidirán junto con los comicios generales del 25 de octubre si anulan la ley que obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).

Los uruguayos decidirán junto con los comicios generales del 25 de octubre si anulan la ley que obstaculiza el enjuiciamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).La llamada "Ley de Caducidad", aprobada por el Parlamento en 1986 y ratificada por la ciudadanía en 1989, será sometida a plebiscito luego que organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos lograron reunir las firmas para realizar la consulta, el equivalente al 10% del padrón electoral de 2.584.219 habilitados.La iniciativa de anulación de la ley, que se presenta como reforma constitucional, busca "cumplir con el mandato del derecho internacional de los derechos humanos" de que "este tipo de leyes que impiden el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, tienen que ser borradas sin dejar rastro dado el vicio de contenido", dijo a la AFP el abogado Oscar López Goldaracena, integrante de la Coordinadora que llevó adelante la iniciativa."Son aberraciones jurídicas, por eso es que se solicita en este caso la nulidad y no su derogación, que la convalidaría durante el período que estuvo vigente", agregó.La Ley de Caducidad, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en plebiscito el 16 de abril de 1989.Pese a la ley, durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, y procesados los ex dictadores Juan Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Alvarez (1981-1985)."Si se anula la ley, es como si nunca hubiera existido y sus efectos se anulan" indicó López Goldaracena.Pese a que otros letrados indican que los procesados y condenados bajo esa norma deberían ser liberados porque se anularían esos juicios, López Goldaracena afirma que en esos casos "la ley de Caducidad no se aplicó" porque "se excluyeron" de la misma por el Poder Ejecutivo.La última encuesta sobre el plebiscito para anular la Ley de Caducidad realizada por la consultora Factum, calcula que un 45% de los consultados votará a favor de la nulidad, un 5% dijo que tiene dudas pero votaría a favor, en tanto registra un 17% de indecisos.La Ley de Caducidad se votó en 1985, el marco de una inestabilidad institucional provocada por la actitud del entonces comandante en jefe del Ejército, general Hugo Medina, que en un claro desacato a la Justicia dijo que las citaciones judiciales a militares por violaciones de los derechos humanos estaban en un cajón de su despacho y allí se quedarían.La Ley de Caducidad "consiguió encaminar la transición del autoritarismo a la democracia", en un momento en que "las Fuerzas Armadas conservaban poder", dijo a la AFP el analista político Adolfo Garcé.La norma "cumplió el objetivo de salir de una situación de golpe de Estado técnico", dijo por su parte el historiador Lincoln Maiztegui.Pese a que López Goldaracena reconoció que "la ley respondió a un momento" político complejo, estimó que la misma "legitima algo que es ilegitimable como el desacato institucional".Además de torturados y exiliados, la dictadura dejó 38 uruguayos desaparecidos en el país, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, muchos de ellos en el marco de la Operación Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur, según la información recopilada por la llamada Comisión para la Paz, creada en 2000.

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