Tribunal Supremo: ¿Corte de Justicia?

Si alguna vez tuvo alguna duda acerca de a quién protegería la Corte Suprema de Estados Unidos entre el ciudadano común y las grandes empresas, ya no debería quedarle ninguna: la mayoría de los jueces del máximo tribunal demostraron esta semana que prefieren unirse a las empresas y darle la espalda al ciudadano de a pie cuando debe escoger entre uno de los dos.

La Corte revisaba un caso sobre la primera enmienda, en la que el demandante –una organización privada que opera con ayuda financiera de grandes empresas- alegaba que se violó su derecho constitucional de libre expresión cuando se le prohibió propagar un documental criticando a Hillary Clinton, en la época que ésta procuraba obtener la candidatura demócrata para las pasadas elecciones presidenciales.

En ese momento, una corte de rango inferior y posteriormente una de apelaciones fallaron que siendo la organización financiada por empresas, y estando éstas limitadas por las leyes electorales a dar donaciones solo a comités políticos, la organización no podía utilizar el documental con fines electorales.

Las leyes electorales limitan el financiamiento con el que las empresas pueden contribuir a favor o en contra de candidatos, con la finalidad de mantener un balance con las organizaciones de ciudadanos que no cuentan con ese financiamiento, y evitar que la propaganda política de las empresas arrolle a la de los ciudadanos sin tanto dinero.

Pero en una votación de cinco a favor y cuatro en contra, incluyendo entre estos últimos a Sonia Sotomayor, la Corte Suprema dictaminó esta semana que las grandes empresas tienen derecho a gastar todo el dinero que quieran para influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. La opinión de la Corte se resume en que a las grandes empresas también les corresponden los derechos consagrados en la Primera Enmienda y que el gobierno no puede limitar su discurso político.

En una declaración, el Presidente Barack Obama calificó de inmediato al pronunciamiento de la Corte como una “importante victoria para los grandes intereses petroleros, los bancos de Wall Street, empresas de seguros médicos y otros poderosos intereses que ejercen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses comunes y corrientes”. Recordemos que con su agenda a favor de proteger el medio ambiente y cambiar los sistemas de salud y financiero del país, Obama tendrá a esas industrias en las próximas elecciones probablemente como sus enemigas, no como sus aliadas.

El sábado pasado en su discurso radial semanal Obama insistió con el tema diciendo que el fallo "…da a los agentes de los grupos de influencia la nueva posibilidad de gastar millones en publicidad para persuadir a los electores a votar en la dirección que quieran, o de castigar a quienes no lo hacen… Eso quiere decir que todo responsable que tenga el coraje de oponerse a los grupos de interés y de defender a los estadounidenses puede encontrarse atacado cuando llegue la elección. Incluso las empresas extranjeras pueden participar".

Desgraciadamente, el presidente tiene razón. Con la decisión de la Corte Suprema, las principales leyes electorales que limitaban el poder de influencia de las empresas por encima del ciudadano común y corriente desde hace décadas fueron tiradas al traste. Y ahora, ¿quién podrá parar a las empresas ante este presidente y ante todos los que vengan en el futuro?

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