Providence declara guerra a la corrupción

El alcalde Taveras cumplió dos de sus promesas de campaña, al convertir en ley varios decretos importantes, en la lucha contra la corrupción.

Fuente: www.acontecerlatino.com

El alcalde Ángel Taveras cumplió esta semana dos de sus promesas de campaña, al convertir en ley varios decretos importantes, fundamentados en la lucha contra la corrupción.

Con la participación de los patrocinadores del Consejo Municipal y líderes anti-corrupción de la comunidad, quienes ayudaron a redactar la legislación, el Alcalde Taveras firmó una ley que permite revocar las pensiones financiadas por los contribuyentes para los empleados municipales que violen la confianza pública, y por otro lado, el decreto que requiere que los grupos de pensión de la ciudad registren sus nombres en una base de datos pública.

''Los ciudadanos esperan un gobierno abierto, honesto y transparente. El decreto de divulgación de grupo de presión y la reforma de la Honorable Orden de servicio, refleja el compromiso de mi administración de ejecutar un gobierno ético y honesto'', manifestó Taveras. ''Vamos a continuar luchando cuando y donde sea necesario para asegurar que el pueblo de Providence tenga un gobierno en que puedan confiar'', afirmó el Alcalde de Providence.

La plataforma de campaña Anti-corrupción firmada por el Alcalde Angel Taveras, incluye las dos iniciativas importantes:

La divulgación del decreto de grupo de pensiones, desarrollado en colaboración con el Consejo de la ciudad, el Departamento de Asuntos Legales, la Oficina del Alcalde y el ex Director de Causa Común Phil West, requiere que los grupos de presión del gobierno de Providence deben registrarse en una base de datos de acceso público.

La ley, que entrará en vigor en 60 días, es el primer requisito de registro para los grupos de pensiones en la historia de Rhode Island.

El decreto de revisión del servicio de honorabilidad requería una condena penal antes de que la ciudad pudiera reducir o revocar una pensión. Inmediatamente después de haber asumido el cargo, el Alcalde de la ciudad de Providence, pidió al Departamento de Derecho volver a redactar el documento para cerrar una laguna jurídica que permitía deshabilitar a los empleados que hayan caído en conductas deshonrosas, pero no eran técnicamente ''condenados'' a recibir sus pensiones completas.

El nuevo decreto incluye varios cambios importantes entre los cuales se encuentran: el Servicio de deshonra puede consistir en una conducta que no da lugar a una condena penal efectiva; de igual manera existirán secciones separadas para distinguir lo obligatorio; introduce también un debido proceso para determinar que un empleado haya o no incurrido en un servicio reprochable, y en el cual el primer paso seria llevar a cabo una reunión con el empleado, seguido de una notificación y una oportunidad para el empleado de ser escuchado, así como su cónyuge, pareja de hecho y sus dependientes.

Este decreto modificado establece expresamente que la Junta no tendrá que comparar los períodos del servicio deshonesto de un empleado con los períodos de servicio supuestamente honorables.

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