¿Protector ó Enemigo de los Trabajadores?

Según información publicada por el diario “New York Times” el martes 2 de febrero, el gobierno del ex presidente George Bush asesoró a una empresa ligada a la industria petrolera sobre cómo deportar a un grupo de obreros provenientes de la India, en vez de investigar las denuncias de abusos y violaciones a las leyes laborales que los trabajadores estaban haciendo contra la compañía.

El artículo presenta correspondencia estremecedora entre la firma empleadora, Signal International, y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que le recomienda a la compañía cómo expulsar "privadamente" del país a trabajadores extranjeros temporales que se quejaban de maltratos.

De acuerdo con el New York Times, la recomendación de ICE a la empresa fue la siguiente: "No les den ninguna notificación; intercéptenlos camino al trabajo; tomen sus pertenencias personales; súbanlos a la van, consigan boletos (de avión), llévenlos al aeropuerto, y mándenlos de regreso a la India”. En otras palabras, ráptenlos y depórtenlos, aunque no tengan derecho a hacer ninguna de las dos cosas.

Los detalles de lo ocurrido en Marzo del 2007 surgen de las declaraciones juradas de los propios ejecutivos de la empresa y que son parte de una demanda judicial pendiente en una corte federal en Misisipi.

Los documentos de la corte muestran que Signal International estaba a cargo de reparar plataformas petroleras marinas que quedaron dañadas por el Huracán Katrina, y debido a la demanda de mano de obra que enfrentaba dio trabajo en el 2006 a unos 500 obreros indios.

La empresa asegura que el estatus laboral y migratorio de los trabajadores fue temporal desde un comienzo, bajo las regulaciones del tipo de visa H-2B; pero los trabajadores dicen que quienes los reclutaron a nombre de Signa les prometieron que luego de un periodo inicial obtendrían la residencia permanente, la deseada “green card”. Por eso, muchos de ellos habrían pagado hasta $20,000 para ser reclutados, financiando el pago a costa de endeudarse o vender sus casas en la India.

Signa dice que fue engañada al igual que los obreros y ha enjuiciado a la empresa que se encargó de reclutarlos. El sistema judicial dirá en su debido momento quién tiene razón en este enfrentamiento legal, y quién deberá enfrentar cargos criminales por las aparentemente abundantes violaciones a la ley que ocurrieron.

Por lo pronto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna bajo el gobierno de Barack Obama están investigando paralelamente el caso y la Comisión Federal Para La Igualdad en las Oportunidades de Trabajo concluyó en Septiembre pasado que hay “suficientes indicios” para creer que los obreros indios fueron sujetos a un trato discriminatorio, en el que “se les ridiculizaba y acosaba”.

Como dice Frank Sharry, director ejecutivo de la agrupación pro-inmigrante “America's Voice”, "… el hecho de que funcionarios migratorios de Bush aconsejaran a la compañía acerca de cómo deportar a los trabajadores que se quejaban de los abusos en lugar de investigar los reclamos, es profundamente perturbador”.

Vergonzoso también. Pero tratándose del gobierno de Bush, ¿a quién le sorprende?

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