Ola conservadora en México contra el aborto, legalizado en la capital

Mientras numerosos avisos en el metro recuerdan a millones de viajeros que el aborto fue despenalizado desde 2007 en la capital mexicana, una ola conservadora ha llevado este año a la mitad de los estados del país a aprobar reformas que lo castigan con hasta 50 años de cárcel.

Mientras numerosos avisos en el metro recuerdan a millones de viajeros que el aborto fue despenalizado desde 2007 en la capital mexicana, una ola conservadora ha llevado este año a la mitad de los estados del país a aprobar reformas que lo castigan con hasta 50 años de cárcel.El debate está encendido y hasta ahora 16 de las 32 entidades que conforman México han aprobado reformas de este tipo, en su mayoría impulsadas por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón.El PAN emprendió su ofensiva antiaborto después que la Suprema Corte de Justicia rechazó en 2008 un recurso presentado por el gobierno federal contra la despenalización del aborto en la capital, gobernada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática."En nueve de esos estados, al producto de la concepción se le tiene como nacido para todos los efectos legales", lo que equipararía al aborto "con un infanticidio", explica Diego Valadés, constitucionalista y ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia."Se darían todos los agravantes legales del infanticidio: ventaja evidente, premeditación y traición, lo que llevaría a la sanción máxima de 50 años", añade Valadés, quien considera que "nadie en sus cinco sentidos debería sancionar así a una mujer que aborte".Según el jurista, esas condenas, al menos en el papel, son las más severas a nivel mundial pues la pena promedio internacional por aborto es de tres a cinco años, con un máximo de diez.Valadés y otros críticos de la penalización cuestionan especialmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en 2000 perdió la presidencia aunque conserva la mayoría en los estados, por sumarse a la campaña antiaborto, en contraposición de su tradicional línea de centro-izquierda y defensa de la laicidad.Tan sólo en Guanajuato (centro), uno de los distritos más conservadores de México, se acumulan unas 130 denuncias contra mujeres por abortar, de las que 20 están siendo sometidas a juicio, según la ONG Las Libres."Han sido denunciadas por médicos y hospitales, a los que acuden para recibir atención médica porque tienen sangrados luego de provocarse el aborto", explica Verónica Cruz, de Las Libres.Esta ONG ha prestado asistencia a nueve mujeres que estuvieron encarceladas unos cinco días por practicarse el aborto y lograron salir en libertad condicionada tras pagar una fianza."El mayor maltrato y abuso de poder lo sufrieron en los hospitales, de parte de médicos y enfermeras, y de los policías que las detuvieron. Irónicamente, fue un alivio cuando llegaron a la cárcel, ahí ya no eran juzgadas", comenta Cruz.Por ello la capital mexicana, la única en América Latina que autoriza sin restricciones interrupir el embarazo hasta las 12 semanas, es el destino de numerosas mujeres de provincia, y algunas centroamericanas, que deciden "ejercer el derecho sobre su cuerpo", explica Eugenia López, de la ONG Fondo María.Esta organización, creada en junio, asiste económicamente a mujeres del interior que necesitan practicarse un aborto."Un 20% de las mujeres que acuden a los servicios de salud de la capital vienen de otro estado, pero muchas viajan en condiciones precarias. Se identificó a muchas durmiendo fuera de los hospitales y sin comer", explica.Una veintena de mujeres han sido auxiliadas por este fondo que las ayuda a pagar el viaje, hospedaje y alimentación, les brinda información sobre las clínicas donde el procedimiento es gratuito y les da acompañamiento moral y psicológico.Según cifras de la alcadía capitalina, desde que entró en vigencia la despenalización y hasta septiembre pasado, 31.033 mujeres se han sometido a interrupciones legales del embarazo.

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