Nuevo reporte del NCLR demanda el cese del programa 287 (g)

La prioridad declarada del programa 287 es arrestar a inmigrantes que atenten gravemente contra la seguridad, y a final de cuentas, acaban arrestadas personas sin historial delictivo, o que se pasaron un alto, o hasta por escuchar música a un volumen alto, afirmó la NCLR.

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Nuevo reporte del NCLR demanda el cese del programa 287 (g)

Un reporte divulgado este jueves por el Concejo Nacional de la Raza deduce que el programa 287 (g) no cumple con su cometido original que era el pronto arresto y deportación de peligrosos criminales indocumentados, sino que  arresta a inmigrantes pacíficos e inofensivos, además de fomentar el rechazo a los extranjeros y la segregación de los hispanos. Por lo que la NCLR ha lanzado una recomendación para que se lleve a cabo el cese definitivo del programa 287 (g).

El programa 287 (g) entró en vigor en 1996 y actualmente abarca 70 jurisdicciones policíacas municipales que firmaron acuerdos con la federación para atribuirse facultades en materia migratoria.

De acuerdo a la NCLR, este programa pone en entredicho a las autoridades en términos de confiabilidad; además de dañar la convivencia entre la policía y latinos.

Según el NCLR, el 61 % de los acuerdos se dio en estados sureños, en los que la población migrante creció aceleradamente. Y a pesar de que data de 1996, se reformuló y amplió como arma antiterrorista después del 11 de septiembre del 2001. Tales acuerdos se firman con frecuencia en respuesta a la aparente creciente criminalidad, pero se entiende que se aplica ante la creciente migración de extranjeros.

Asimismo, la organización de protección de los derechos de los migrantes aseguró que este programa se realiza sin que los oficiales que lo apliquen sean supervisados ni entrenados adecuadamente.

“Los oficiales reclutados para tal efecto acuden de 4 a 5 semanas a capacitación y nulo seguimiento, a diferencia de los federales que aparte de cursar las mismas semanas de capacitación, cuentan con seguimiento”, dio a conocer la NCLR.

Un estudio del NCLR efectuado con la Coalición pro derechos de refugiados inmigrantes en Tennessee, de Davidson County, TN, donde se firmara el acuerdo con el programa 287 (g), y se constató que el 42% de los latinos no reportaban ilícitos cometidos, por temor a que terminara deportado algún hispano.

En el mismo estudio efectuado en Davidson County, referente a la confianza que les inspiraba la policía tanto a los afroamericanos como a los latinos en condiciones equiparables, el 54% de los hispanos respondieron que no les inspiraba confianza como para denunciar un delito, contra el 27% de la desconfianza de los afroamericanos.

De acuerdo a la NCLR, el Congreso debe exigir que rutinariamente se supervisen y se hagan reportes periódicos de los programas federales de inmigración, incluso los de Comunidades Seguras.

“El Departamento de Seguridad Intena y las policías locales deben proponerse la pacífica convivencia con las comunidades locales y la efectiva protección a testigos y a víctimas”, expresó la organización.

Sin embargo, la NCLR recalcó que tanto el Congreso como el Presidente deben continuar atendiendo como prioridad la cuestión del sistema migratorio a fin de evitar injusticias hacia los migrantes, y sobre todo a los hispanos, quienes hoy en día representan la mayoría de los migrantes del país.

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