Líderes de Derechos Civiles piden el veto a la ley SB 1070 de Arizona

Algunos líderes señalaron el extendido uso del perfil racial de esta ley, que autoriza a la policía a criminalizar a ciudadanos y residentes por igual, y los altos costos para la economía y los contribuyentes del estado, según la NCLR.

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Líderes de Derechos Civiles piden el veto a la ley SB 1070 de Arizona

Este jueves, líderes de las principales organizaciones pro derechos civiles hicieron cundir la alarma respecto la equivocada ley migratoria de Arizona, dio a conocer el Concejo Nacional de la Raza (o NCLR por sus siglas en inglés).

La SB 1070, aprobada por la legislatura de Arizona, con el fin de facilitar la aplicación de la ley y la protección de los vecindarios, continúa en el despacho de la gobernadora Jan Brewer, a diversos líderes apremian para que la vete, porque consideran que amenaza a la seguridad comunitaria, informó NCLR.

“Esta ley de entrada ya criminaliza a los latinos, de los cuales casualmente son más numerosos los nacidos en los EEUU, así como los residentes legales; por lo visto no se protege en absoluto al pueblo de Arizona”, dijo Janet Murguía, presidenta y CEO de NCLR.

“Esta ley es extrema y tendrá consecuencias desastrosas. Sus patrocinadores saben muy bien que la solución al problema migratorio, se encuentra en Washington, no en Phoenix.”

De acuerdo al NCLR, la ley propuesta autoriza a funcionarios municipales y estatales a inquirir acerca del estatus migratorio, de quienes a su juicio, y conforme a duda razonable, su estatus migratorio sea probablemente ilegal. También podrá demandarse a defensores de la ley que no cumplan con la consigna de defender satisfactoriamente esta nueva ley. La nueva ley aplicaría multa por $500, otros costos, y cargo por mala conducta, y hasta deportación  a quienes  no demuestren su presencia legal en el país.

“La aprobación de la SB 1070 es una catástrofe en ciernes que institucionalizaría la criminalización racial, por la presunta solución del problema migratorio”, dijo Wade Henderson, presidente y CEO del Leadership Conference on Civil and Human Rights a la NCLR. “La criminalización racial es una táctica legal contraproducente que lesiona a nuestros valores constitucionales e idiosincrásicos, como americanos. Si bien la política migratoria ya es de por sí desafiante para nuestra nación, nunca debe usarse para empañar el sentido igualitario de la justicia. La Gobernadora Brewer si es fiel a la bondad de estos nobles principios, que vete esta ley”.

Deborah Lauter, de la Anti-Defamation League, expresa ante la organización: “Leyes como ésta y el correspondiente debate evidencia el interés de grupos racistas y extremistas neonazis que fomentan el chauvinismo y culpan a los inmigrantes de todos los males de nuestra nación. Aquí en la comunidad hebrea tenemos muy presente la deplorable actitud antiinmigrante hacia nuestros padres y abuelos. No deseamos que se repita la historia con nadie más, y no podemos tampoco dejar a las posibles víctimas abandonadas a su suerte”.

“La ley Arizona es omniabarcante y devendrá en criminalización racial”, añadió Karen K. Narasaki, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Justicia Asiáticoamericana. “Esta ley divide, y es anticonstitucional”, difundio la NCLR.

Según Thomas Saenz, presidente y consultor general del Mexican American Legal Defense and Educactional Fund (MALDEF), “la implicación más evidente, si la Gobernadora Brewer firma esta ley SB 1070, es que se multiplicarían los retos legales que justificarían la implementación de operativos, que costarían inútilmente al estado por aplicar ley de carácter anticonstitucional por atribuirse funciones federales las autoridades municipales y del estado de Arizona. Aparte de las consecuencias drásticas en lo económico y lo público, la probabilidad de exitosos y extensos retos legales hace de la SB 1070 un costoso ejercicio en términos políticos y demagogia racial”, se dijo por medio del comunicado.

Hilary Shelton de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) mencionó las presiones a esperarse en la aplicación de la ley según la NCLR, en caso de aprobarse la SB 1070. “De aprobarse tal ley, se crearán serios problemas durante la defensa de la ley hacia las comunidades que habrían de protegerse. Esta política mermará toda confianza y percepción de la integridad que la policía debe mantener para ser efectiva en prevenir o corregir la delincuencia”, comentó Hilary.

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