Todos Somos Indocumentados En Arizona

Hartos de la inmigración ilegal, un gran número de residentes, políticos y líderes de opinión de Arizona presionaron esta pasada semana a la gobernadora republicana de ese estado, Jan Brewer, a proclamar la ley de inmigración más drástica y menos inteligente de todos los estados en el país.

La nueva ley convierte una infracción civil –la de estar en el país sin permiso- en un acto criminal que obliga (ojo, no autoriza, sino obliga) a la policía a detener e interrogar a cualquier persona que considere sospechosa de ser un inmigrante ilegal. De lo contrario, cualquier ciudadano podrá enjuiciar a la policía.  ¿Y cómo puede saber un policía si un hispano que habla inglés con acento español es en efecto un inmigrante ilegal?  La nueva ley exige que los inmigrantes carguen consigo documentos que prueben que están en el país legalmente. Pero ¿la policía le pedirá documentos a una persona rubia que habla inglés sin acento extranjero? ¿Un rubio extranjero no puede haber venido ilegalmente a Estados Unidos de pequeño con sus padres, y ser todavía un ilegal? Les apuesto que si vino de pequeño, hablará el inglés perfectamente… y que si encima es rubio, nadie le pedirá que pruebe que no es un inmigrante ilegal. Esto significa que la ley no es posible aplicarla a todos por igual, lo cual es inconstitucional; es una ley que se basará en cómo uno luce: moreno o mestizo, de pelo negro, que habla español, lo cual es inconstitucional y racista; es una ley –dejémonos de inocentadas- diseñada contra un segmento de la población, principalmente hispana, lo cual es inconstitucional; y legisla sobre un tema que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal. Las demandas legales contra la policía en ciudades y condados van a ser inevitables. Las demandas contra la policía, la gobernadora y contra el estado de Arizona van a ser inevitables. Serán demandados por ambos lados: hispanos a los que se les violen sus derechos civiles o sus defensores, y por ciudadanos que quieren que se actúe contra los inmigrantes ilegales. El costo económico en términos de empleos, de negocios y de demandas legales contra Arizona va a ser inmenso.  Ya el Fondo Mexicano-Americano Para La Educación y La Defensa Legal o “MALDEF” por sus siglas en inglés viene circulando un pedido de donaciones monetarias para enjuiciar a Arizona. “MALDEF hará ahora lo mismo que ha hecho exitosamente en el pasado y defenderá los derechos humanos y civiles de los latinos en nuestras cortes de justicia”, dice el pedido. “Trabajaremos con todos los aliados que nos sea posible para encontrar la mejor manera de eliminar lo que vemos como una enorme irresponsabilidad política pública en Arizona”, dice un comunicado de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), otra organización opuesta a la ley de Arizona. Incluso el gobierno federal parece dispuesto a actuar legalmente en caso de que sea necesario.  Irónicamente, el viernes recién pasado en la Casa Blanca durante una ceremonia de nacionalización de extranjeros en las fuerzas armadas estadounidenses, el presidente Barack Obama dijo que “… de hecho, nuestro fracaso en actuar responsablemente a nivel federal (sobre el tema de inmigración) solo abre las puertas a la irresponsabilidad de otros… y eso incluye, por ejemplo, los recientes esfuerzos en Arizona, que han amenazado con minar las ideas básicas de justicia que tanto apreciamos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y nuestras comunidades que es tan crucial para nuestra seguridad”, añadió Obama antes de anunciar que el Departamento de Justicia monitoreará la ley de Arizona para asegurarse de que no haya violaciones de derechos civiles. Esperemos que así sea.  En los países democráticos, a diferencia de en las dictaduras, las personas son consideradas inocentes de un crimen hasta que se les pruebe culpables. En Arizona, debido a que la policía a simple vista no puede determinar quién es legal y quién no, potencialmente todos los hispanos seremos sospechosos de ser ilegales y seremos considerados de esa manera a menos que probemos nuestra inocencia, según lo exige la nueva ley, si somos interrogados acerca de nuestro estatus migratorio. Ojalá que la ley de Arizona no sea imitada en otros estados.  El Cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, refiriéndose al hecho de que cualquier ciudadano puede enjuiciar a la policía si ésta no actúa contra lo que el ciudadano considere un inmigrante ilegal, criticó la ley de Arizona diciendo que era igual a las que se veían en estados policiales como las desaparecidas  Unión Soviética y Alemania Nazi, cuando las leyes permitían que sus ciudadanos actuaran contra otros, específicamente, contra judíos en el caso alemán. Y si a usted le parece la comparación exagerada, considere que a los judíos no se les mandó a las cámaras de gas de la noche a la mañana, sino luego de años de persecución y de abuso. Abuso como la ley que propuso este mes el congresista estatal republicano de California, Gary Miller, quien patrocinó una legislación para prohibir la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, a pesar de que la Constitución se la concede automáticamente. Más allá de nuestras propias fronteras, la ley de Arizona ha causado repercusiones que pueden complicar las relaciones con países amigos.  "El gobierno de México reconoce el derecho soberano de todos los países para decidir las políticas públicas que deban aplicarse en su territorio. Sin embargo, cuando una medida como la (de Arizona) afecta potencialmente los derechos humanos de miles de mexicanos, no puede permanecer indiferente", dijo la canciller mexicana Patricia Espinosa. "La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada".  Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala a través de un comunicado indicó que lamentaba la aprobación de la ley.   ¿Y cómo llegamos a este lío?  Sin duda, la inmigración ilegal cansó a la gente en Arizona y el hartazgo sirvió de olla de presión a residentes comunes y corrientes, racistas, legalistas, políticos y demagogos.  Muchos residentes sienten que el estado está inundado de inmigrantes ilegales, que la frontera es una puerta abierta sin control real y que el gobierno federal les ha dado la espalda, quedando en manos de ellos mismos hacer algo al respecto. Nada más la semana pasada,  una auditoria gubernamental en seis tiendas de alimentos de la cadena “Pro’s Ranch” en el área metropolitana de Phoenix descubrió que 300 empleados habían falsificado sus documentos y se encontraban ilegalmente en el país.  Qué duda cabe, la gobernadora Brewer proclamó la desastrosa ley anti-indocumentados bajo fuerte presión política; pero lo hizo calculadamente. La ley no entrará en efecto sino hasta dentro de 90 días. Lo más probable –y ella lo sabe- es que la ley será desafiada en los tribunales antes de que ese plazo se venza y su aplicación quedará suspendida hasta que su constitucionalidad sea revisada en las cortes. Pero pase lo que pase, Brewer podrá decir que ella es “dura” contra la inmigración ilegal, una imagen muy buena en un año de elecciones en las que enfrenta un rival por la candidatura republicana al puesto de gobernador. Por otro lado, hemos llegado a esto por la vergonzosa lentitud y cálculo político con los que la Casa Blanca y el Congreso han actuado con respecto –no de la reforma migratoria en sí- sino de la crisis humana que millones de personas sufren día a día al menos en parte por la falta de la reforma. En ese sentido, el lamento de Obama el viernes pasado era solo lágrimas de cocodrilo. Hasta que se resuelva lo de la reforma migratoria, lo que tendremos es la ley de Arizona. Quizás lo único positivo que salga de esta ley sea que finalmente le dé el valor a los políticos en Washington para hacer algo al respecto.

Hasta entonces, la consecuencia de la frialdad política de Arizona, el titubeo de Washington y el abandono en el que han quedado los hispanos de todos los estatus migratorios ha sido magníficamente resumida por el cantante y activista colombiano Juanes, quien dijo que "convertir la inmigración sin documentos en delito… es un delito".  

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